El alcalde de Sucre, Dr. Enrique Leaño Palenque, promulgó hoy, jueves, el Decreto Edil Nº 018/ 2023, que reglamenta la Ley N° 301/2022 de “Política de Asistencia Integral a Niñas, Niños y Adolescentes hijos de víctimas de feminicidio”, que permitirá otorgar beneficios a esa población vulnerable y a las familias ampliadas que se encargan de su tutela, para garantizar, resguardar y promover el ejercicio pleno de sus derechos.
La presente ley brinda cuatro beneficios: exención del 20% en el pago de los impuestos municipales a la propiedad de bienes inmuebles; promoción al empleo en instituciones públicas y privadas de acuerdo al perfil profesional del tutor; acceso gratuito a escuelas municipales culturales, deportivas y académicas; asimismo, seguimiento a su formación educativa en coordinación con la Defensoría del Pueblo y los equipos capacitados multidisciplinarios de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, que brindará una atención con calidad y calidez a los menores y sus familias.
“Nos sentimos satisfechos de contar con esta ley como municipio y ser pioneros a nivel nacional en preocuparnos de los hijos que quedan de las víctimas de feminicidio. Nadie habla de las familias ampliadas que se hacen cargo de estos niños, que muchas veces son de escasos recursos. Esta ley nos permite ayudar en varios aspectos a esos niños y sus familias para que puedan salir adelante”, aseveró el alcalde de Sucre, Dr. Enrique Leaño Palenque.
Luego de promulgar el Decreto Edil, la autoridad municipal entregó una copia al Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya, quien destacó la vocación del Gobierno Municipal de Sucre a favor de la defensa de los derechos humanos y comprometió ejecutar acciones para replicar la norma a nivel nacional.
CONVENIO FAM BOLIVIA Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO
En el mismo acto, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia y alcalde de Sucre, Dr. Enrique Leaño Palenque, y el Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya, firmaron el «Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y la FAM Bolivia para el fortalecimiento de los servicios municipales destinados a la protección social, enmarcado en las competencias municipales del país».